MADRID // La gran industria azucarera constituye uno de los lobbies más influyentes en la venta de productos con azúcar, que le reporta un beneficio de 47.000 millones de dólares al año. Lo ha denunciado la organización VSF Justicia Alimentaria Global en un informe presentado el pasado jueves en Madrid. El control de la promoción del alimento en España, según declara el director de VSF, Javier Guzmán, pertenece a la empresa Azucarera Española, dentro del grupo British Sugar y la empresa ACOR, propiedad del grupo francés Tereos.
Este dominio sobre el azúcar de las grandes empresas tiene como una de sus consecuencias la falta de información a los consumidores sobre los efectos que este producto provoca en la salud. La diabetes, la hipertensión y la fractura de huesos son algunos de ellos.
El exceso de promoción de productos con alto valor energético contribuye al aumento del consumo de azúcar desde la infancia ya que, según el informe, un niño verá al año cerca de 19.000 anuncios sobre el producto. El informe señala la directriz número 1 de la OMS sobre la reducción del impacto sobre los niños de la promoción de alimentos ricos en azúcares y señala que España se encuentra como primer país en tasa de obesidad infantil de la Unión Europea. Para reducirlo, proponen medidas como la subida de tasas para productos insanos y la regulación de la publicidad.
Un refresco equivale al consumo de 12 cucharadas de azúcar; las patatas fritas, el pan, el tomate, y los cereales constituyen la principal fuente de consumo por vía indirecta. Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios, considera que“la información es el principal caballo de batalla”, ya que hay una dificultad de comprensión por parte del usuario del etiquetado. Javier Gúzman apunta métodos más intuitivos como el semáforo, utilizado en Reino Unido y, el caso único en España, en el supermercado Eroski.
Explotación laboral
El incumplimiento de los derechos humanos en la producción de azúcar también se ha recogido en el informe. Jornadas de más de 12 horas por dos euros y la explotación del trabajo infantil son algunos de los hechos que denuncia la organización. Guzmán asegura que “7.000 niños esclavos en Bolivia van a trabajar en la industria del azucar”. Además, el impacto medioambiental se suma a las consecuencias de la producción del dulce, afectando a las condiciones de vida de las poblaciones cercanas a la plantación.